Por Augusto C. Sarrocchi Carreño. y Víctor R. Hidalgo Fernández.
Cuando se estableció el sistema FODA como herramienta para comprender la situación por la que estaba pasando una empresa, institución, proyecto o negocio, e incluso a nivel personal, escribiendo una lista en la que se definieran las fortalezas y oportunidades, las debilidades y las amenazas, el sistema resultó tremendamente eficiente para hacer el análisis y poder tomar decisiones.
Al calar más profundo en el sistema se descubrió, que a veces las fortalezas se transformaban en debilidades y viceversa, y que lo que era un problema o algo negativo se podía transformar en una oportunidad.
Considero que esto ocurre con algunas situaciones que viven los espacios pedagógicos en la actualidad con la promulgación y puesta en funcionamiento de la ley 20.845, “De inclusión escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado”, especialmente cuando los alcances de esta ley se amplió a la inclusión en los establecimientos particulares pagados, obligándolos a recibir a niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales.
A partir de este momento muchas personas vinculadas a los colegios particulares pagados empezaron a hablar de los problemas que traería consigo la aplicación de esta ley, que tiene su fundamento en la ley Zamudio que prohibe de forma clara que un establecimiento educacional de cualquier tipo discrimine a un alumno por el solo hecho de tener necesidades educativas especiales, o por ser una persona en situación de discapacidad de cualquier tipo.
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“Esta disposición y su adecuada aplicación llevarían a concluir que un colegio particular pagado no podría rechazar a un estudiante por el simple hecho de tener necesidades educativas especiales, o por ser una persona con discapacidad. Sin embargo, esto resulta, a todas luces, insuficiente. Y es que, en opinión de los mocionantes, discriminar no es únicamente impedir el acceso, sino que también aceptar estudiantes sin contar con las adaptaciones necesarias para que estos puedan beneficiarse de la educación que el establecimiento imparte en igualdad de condiciones a las de sus compañeros. Esto último en el caso de la discapacidad y/o de las necesidades educativas especiales implica el deber de estos establecimientos de contar con programas de integración escolar, con recursos pedagógicos y con apoyos concretos que permitan satisfacer esas necesidades especiales. Lo contrario implica evidentemente una discriminación, esta vez no a través de una conducta activa, sino que por omisión. A mayor abundamiento, muchos apoderados de niños y niñas con necesidades educativas especiales relatan cómo la ausencia de estos programas de integración es utilizado en numerosas oportunidades como una motivación para no aceptar a un estudiante que postula a alguno de estos recintos educativos. En otras ocasiones se intenta disuadir a apoderados para que lleven a sus hijos a otros establecimientos, o incluso se les ha intentado cobrar aranceles diferenciados o imponer exigencias adicionales a esas familias para que el niño o niña sea aceptado en ese recinto, tales como contar con un tutor o acompañante”
Esta obligatoriedad a los colegios se establece por ley , pero además se los obliga en la medida que:
“Alineado con las propuestas de la Mesa Técnica por las necesidades educativas especiales, la presente moción incorpora como uno de los requisitos para obtener el reconocimiento oficial a que hace referencia el Artículo 46 de la Ley 20.370, el contar con programas de integración escolar para alumnos con necesidades educativas especiales, que consideren recursos y apoyos específicos, y que se traduzcan en estrategias pedagógicas diversificadas, recursos humanos especializados, capacitación para docentes y materiales educativos pertinentes. Incluirlo dentro del reconocimiento oficial permite no solo que esto sea obligatorio para todos los establecimientos educacionales que quieran certificar válida y autónomamente la aprobación de los distintos niveles que conforman la educación regular, sino que también para que la Superintendencia pueda fiscalizar su cumplimiento, lo que no se logra con otras mociones similares que se han presentado a tramitación en este Congreso Nacional.”
Esto significa un cambio radical en la educación chilena y un alineamiento con la educación en los países desarrollados, en conformidad con los lineamientos solicitados por las Naciones Unidas y la Comisión para los Derechos Humanos. Para nuestro país implica un desafío notable pasar de una sociedad discriminatoria de todos los alumnos y alumnas considerados diferentes o problemáticos por no estar dentro de lo que la sociedad ha determinado como normal.
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Para los docentes implicará crecer como tales al tener que estudiar y perfeccionarse en nuevas metodologías y formas de evaluación ya que deberán llegar a un alumnado diverso al que tendrán que enseñar, entendiendo que ello no implica tratarlos a todos iguales y que todos aprendan al mismo nivel sino considerando las diversas realidades físicas, sociales y neurológicas.
Para los alumnos será más interesante y desafiante crecer en una comunidad educativa diversa como la vida misma, entendiendo que todos sus compañeros y compañeras tienen el derecho a tener las mismas posibilidades educativas que todos, aunque cada persona aproveche la educación de acuerdo a sus posibilidades y realidades tanto íntimas y personales como sociales y familiares. Es, sin duda, una buena oportunidad para desarrollar habilidades blandas para el resto de su vida. La inclusión implicará una preparación para la vida ya que aprenderán a compartir con niños y niñas diferentes, como es la vida real. Los establecimientos educacionales no deben ser una torre de marfil sino una muestra de la variedad de personas que ofrece la vida.
Para toda la comunidad escolar puede ser una oportunidad para integrarse y discutir respecto al establecimiento educacional y los principios y valores que desean para sus hijos.
El sistema discriminador era injusto y terminaba castigando a aquellas personas diferentes, hoy está claro que las realidades humanas no son binarias, los seres humanos son diversos aunque iguales en derechos.
Recuerdo una vivencia personal que me marcó cuando viví en España. Un día que fui a buscar a mi hijo a su escuela tuve que pasar por el patio a la hora del recreo y los y las alumnas corrían de un lado a otro jugando y los pelotazos iban y venían. En medio de todo había un niño lleno de fierros en sus piernas y con muletas intentando jugar o sobrevivir en ese patio lleno de algarabía, cuando asustado conversé con la profesora, la recuerdo muy bien, María Jesús, una ex monja que se dedicó toda su vida a la educación, y le manifesté que si no había algún lugar más tranquilo para que ese niño no fuese golpeado con un pelotazo, me señaló , pero si ese chaval no va a vivir en un medio protegido, debe aprender a sobrevivir y jugar y participar pues es igual a todos solo que tiene fierros en las piernas y se cae con más frecuencia . En ese momento me pareció una brutalidad, ahora me doy cuenta de que tenía razón, nada de colegios especiales, ese niño sin duda habrá aprendido a jugar y gozar de la vida y a salir adelante en la vida real, que no es una sala especial.
Hace años que en España y en otras comunidades europeas el mundo escolar es inclusivo, ya era hora que nuestro país se abriese a una sociedad inclusiva, más justa y equitativa.
